Mediación Penal en México

Agradezco mucho tu tiempo que inviertes en leer mi artículo de hoy. Si has leído los anteriores te agradezco infinitamente que estés atento a lo que publico, y si de todo, hay algo que quieres aportar, para mí será un placer leer tus opiniones. Si este es el primero que lees, te invito a que leas los anteriores que he publicado y me digas que opinas al respecto. En esta ocasión nos vamos a poner un poco más técnicos, dejaremos de filosofar por un momento para dialogar acerca de la mediación penal dentro de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal (en adelante la Ley de MASC). 

A partir de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el año 2008, en materias de seguridad y justicia, se han generado grandes aportes doctrinales, legales, jurisprudenciales y sociales, tanto nacionales como internacionales, desde el punto de vista de quienes participan directa o indirectamente en los procedimientos penales o, conocen, poco o mucho, nuestro sistema de justicia penal en México. En ese sentido, a doce años de dichas reformas, que marcaron un avance en nuestro sistema de justicia, existe un tema que a nivel nacional empieza a permear todo el sistema de justicia en México, los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y no me refiero solamente aplicados en el ámbito penal, sino en general a todo el sistema de justicia en México, pues el 15 de septiembre de 2017, se adiciona el actual párrafo tercero que prevé la aplicación de los Mecanismos Alternativos en materias distintas a la penal, cuya iniciativa de ley aún se encuentra en revisión (de la cual posteriormente vertiré mi opinión). Pero para efectos del presente artículo, nos abocaremos únicamente a los Mecanismos Alternativos en materia penal, como una de las salidas alternas al procedimiento penal y que de la misma manera, es un tema controversial, pues ha generado diversificación de miradas a la hora de aplicarlos, partiendo de la premisa que el Derecho Penal busca, más que la reparación del daño, la sanción punitiva del Estado para la persona que cometió el delito, entonces, cómo siempre lo he puntualizado: lo que el derecho penal es para el victimario, la justicia restaurativa y la mediación penal son para la víctima y la comunidad.

La reforma al artículo 17 constitucional de fecha 18 de junio de 2008, específicamente, en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, cuyo párrafo quinto, se desarrolló una serie de mecanismos que han revolucionado el método de solucionar los asuntos penal de la forma más simplificada, rápida y económica para las partes involucradas en el delito, sin la necesidad de agotar todo el procedimiento penal hasta la etapa de juicio oral y esperar la sentencia por un delito que por su poca o nula trascendencia social puede ser solucionado a través del diálogo. Tales mecanismos se desarrollan bajo la premisa de lograr un acuerdo mutuo entre las partes, garantizando siempre el pago de la reparación del daño para la víctima, cumpliendo así, con el principio procesal, y derecho humano, de acceso efectivo a la justicia, de una manera imparcial, pronta y expedita.

La Ley de MASC fue publicada el 29 de diciembre de 2014, y podría considerarse como la Ley prima de los Mecanismos Alternativos, pues fue la primera en regular la aplicación y el procedimiento de desahogo de la conciliación, la mediación y la junta restaurativa como soluciones alternas al procedimiento penal, guiados por un facilitador o facilitadora, en los que convergen un cúmulo de emociones, sentimientos, pensamientos y demás factores endógenos y exógenos que permean los actos de las personas involucradas en el hecho delictivo, antes, durante y después de la comisión del mismo; así como antes, durante y después de haber participado en un proceso de conciliación, mediación o junta restaurativa..

Tocante a la mediación, la Ley de MASC resulta ser tal vez un poco ambigua y en cierto modo confusa, pues conforme al concepto literal de ‘mediación’ se prevé que: “Es el mecanismo voluntario mediante el cual los Intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia, con el fin de alcanzar la solución de ésta. El Facilitador durante la mediación propicia la comunicación y el entendimiento mutuo entre los Intervinientes”.

El concepto que el artículo nos da, simplifica lo que es la mediación en términos generales, pero no define lo que es la mediación en materia penal, puesto que del concepto se desprende que no hace referencia específica sobre quienes son los intervinientes y al tratarse de un delito, debería ser claro en la identificación de estos pues no debemos pasar por alto que, en un hecho delictivo existe una persona (victimario) que cometió la conducta delictiva en contra de otra persona (víctima). Por lo tanto, el concepto de mediación debe ser con un enfoque penal, es decir, que al tratarse de un conflicto que se da por una situación de peligro que afecta en todos los sentidos a la víctima haciéndola vulnerable a los efectos y consecuencias, la lógica indica que debe ser la justicia alternativa a través de la mediación penal  (y no el derecho penal, pues este se encargará de imponer una pena o medida de seguridad al victimario), quien se encargue de abordar el conflicto desde la perspectiva socio emocional de esos efectos y consecuencias producidas por el victimario, cuya finalidad es que este se responsabilice de su conducta y garantice el pago de de la reparación del daño a favor de la víctima. Este modelo de mediación penal se diferencia del resto de los modelos de mediación como el civil o familiar, pues no se trata de un conflicto co-construido, en el que normalmente, existen aportes de ambas partes que contribuyen al nacimiento y crecimiento del conflicto. Por esa razón, considero que el concepto de ‘mediación’ que señala la Ley de MASC debe ser reformado, incluyendo elementos característicos y exclusivos de la mediación penal.

Algo que la mediación penal pretende alcanzar, es brindarles a las personas involucradas en el delito, la posibilidad de ser ellos quienes resuelvan de manera directa y activa el conflicto penal, sin la intervención de la autoridad jurisdiccional (claro, en aquellos delitos que sean susceptibles de ello), pero sí con el acompañamiento del especialista en mecanismos alternos denominado facilitador. Así pues, la opción que tiene cada sujeto de la sociedad, de tomar las riendas de su vida con amplio sentido de responsabilidad y, a través del diálogo, para ser partícipes activos en el esclarecimiento de los hechos delictivos para encontrar la verdad de los hechos, crea un avance significativo para el desarrollo humano y social en la sociedad mexicana, así como del mismo sistema de justicia penal en México.

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